Los beneficios y los límites de la justiciabilidad


Rodrigo Uprimmy, de la ONG DeJusticia, defiende las prácticas de litigio en la garantía de los derechos humanos, pero invita a reflexionar sobre la importancia de conjugarlas con otros mecanismos de incidencia y movilización social

Rodrigo Uprimmy, de la ONG DeJusticia

La justiciabilidad como lo plantea Rodrigo Uprimmy es : “Lograr la protección de un derecho social acudiendo a instancia judiciales para que estas mismas instancias den protecciones en casos individuales y colectivos”. Pero mucho más allá de un concepto, la justiciabilidad representa hoy una práctica actual en el mundo: “En los últimos 15 o 20 años, en distintos países del mundo ha habido movimientos de protección judicial, y por esto es importante debatir no solamente los beneficios, sino que los elementos problemáticos de esa opción de incidencia judicial”, adverte el panelista.

Sea en Colombia, Argentina, en el Tribunal Constitucional peruano, en la Corte Sudafricana, o en India, se acude a los mecanismos de exigibilidad jurídica, con miras a garantizar derechos, garantizar su protección o instar a los Estados para que cambien determinados marcos legales que no respetan los derechos colectivos o individuales. Pero según Uprimmy, no todos los casos deben ser tratados a través de una estrategia de justiciabilidad: “Hay otras formas de exigilidad que no pasan por los jueces, movilizaciones políticas. A veces los derechos se realizan mucho mejor a través de políticas públicas o movilización ciudadana que a través de litigio”.

Entre los beneficios de la justiciabilidad, el jurista mencionó los siguientes: a) esa práctica pone en relieve que los derechos sociales están al mismo nivel que los civiles y políticos, y deben tener protecciones judiciales equivalentes, b) aporta  a través de la protección judicial protecciones específicas para  derechos y usuarios específicos, c) la justiciabilidad permite desarrollar  y concretar por vía judicial estándares abstractos de derechos que suelen orientar políticas públicas.

Como puntos problemáticos, Uprimmy ponderó que en determinados casos la justiciabilidad puede incrementar la inequidad en el acceso a los derechos sociales y citó el ejemplo de India, dónde una acción de justiciabilidad resultó en un discurso “muy pro derechos, pero no muy contra la pobreza…”. Además, habló del riesgo representado por la excesiva judicialización de algunos debates y de la desmovilización ciudadana como uno de los resultados posibles ante tal judicialización: “Cuando uno defiende una agenda a la promoción de los derechos vía justiciabilidad, darle mucho peso al discurso jurídico en contravía de la movilización ciudadana”.

¿Y qué hacer ante el reconocimiento de los beneficios y los límites de la justiciabilidad? Detectar qué tipos de justiciabilidad se debe promover, que formas es más apropiado para los derechos sociales y en particular, el derecho a la educación; el panelista trajo entonces el buen ejemplo del monitoreo desencadenado en Colombia en torno a la aprobación de la Sentencia T-025 de 2004, de la Corte Constitucional. En ese año, la Corte concluyó que la política pública frente al desplazamiento era inconstitucional, y que representaba una vulneración masiva de todos los derechos. A partir de entonces, las organizaciones que participaron en el proceso constituyeron un grupo de monitoreo, para hacer seguimiento permanente del proceso, produciendo informes anuales sobre la situación de los derechos humanos de las personas desplazadas.

“Interesante es que en la sentencia la corte no dice como debería ser, ni dice al gobierno como debe ser, pero genera una instancia social de supervisión judicial de la política pública que se ve fortalecido por la decisión judicial”, abogó el panelista. “De esa manera, promueve y profundiza la discusión democrática frente al desplazamiento forzado”; concluyendo que  la justiciabilidad es una forma significativa e interesante de exigibilidad de los derechos humanos, que no debe ser vista como un substituto de los demás mecanismos de exigibilidad, sino que conjugado, siempre con miras a las acciones que promuevan el fortalecimiento de las democracias.

Accede aquí al portal Justiciabilidad del Derecho a la Educación.

Visite la web de la ONG DeJusticia aquí.

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